*Extracto del libro de Mariano Suárez y Ariel Bargach "Telam, el hecho maldito del periodismo argentino".
Canal
7
Las
políticas privatizadoras del menemismo impactaron con fuerza en el
mapa de los medios de comunicación. De hecho, la saga que perpetró
el desmantelamiento de la estructura estatal se inauguró con la
concesión de las licencias de los canales 11 y 13, el 22 de
diciembre de 1989, en un proceso administrativo con final cantado.
Canal
7 atravesó aquella época bajo clima de tormenta. Su envergadura, su
frecuencia y su caja fueron codiciadas y atacadas desde distintos
frentes. Jacinto Gaibur, Mario Gavilán, Julio Ricardo López
Batista, Gerardo Sofovich, Enrique Alvarez, Germán Kammerath y
Horacio Frega manejaron sucesivamente la empresa pública que, con su
complejidad, esmerilaba la carrera política de quien fuera designado
a conducirla.
Los
planes privatistas sobre Canal 7 no eran secretos. En enero de 1992,
el secretario de Medios de Comunicación, Raúl Burzaco, anunció la
intención de privatizar la emisora antes del final de aquel año. Y
se justificó en que el presidente Carlos Menem pretendía “medios
que fuesen completamente independientes” del
gobierno. Como paso jurídico de ese proceso, se dictó el decreto
544/92, que autorizaba a transformar el canal en una sociedad
anónima.
El
plan privatizador se ensayó en varios momentos, pero acaso nunca con
más fuerza que en 1995. El 28 de diciembre de aquel año un decreto
dispuso el cambio de frecuencia del canal del 7 al 4, en una maniobra
clara destinada a depositar el canal público en un lugar marginal
habilitando al mismo tiempo el camino para privatizar la codiciada
frecuencia del 7. El mismo esquema se siguió con Radio Nacional, que
entregó su estratégico lugar en el dial a Radio 10.
El
art. 5 del decreto 1022/1995 facultaba el entonces Comité Federal de
Radiodifusión (COMFER) a llamar a concurso para la adjudicación de
la licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de
una estación de televisión que se emitirá en la frecuencia de
canal 7.
El
flamante interventor del canal, Germán Kammerath, aseguraba: “El
estado de ATC es crítico. El canal le cuesta al Estado cien millones
de dólares anuales”.
La
maniobra política, en tiempos de fortaleza de un gobierno que
acababa de ser reelecto en las urnas, fue resistida por los
trabajadores al calor de fervorosas asambleas y progresivas medidas
de fuerza.
El
gobierno redobló la jugada y el 6 de febrero de 1996 se abrió el
concurso preventivo de ATC. Había que dejar “limpias”
las cuentas del canal para privatizarlo sin ningún lastre para los
nuevos licenciatarios privados. Varios interesados se mostraban como
eventuales compradores. Sobresalía Julio Ramos, dueño de Ambito
Financiero y de estrechos vínculos con el gobierno.
La
resistencia de los trabajadores del canal se trasladó a la Justicia,
donde los abogados de la UTPBA Carlos Negri y León Piasek pidieron
la nulidad del proceso licitatorio con un sólido argumento legal: la
ley 23.696, la llamada Ley de Reforma del Estado, obra de Roberto
Dromi, excluía expresamente a ATC de la lista de organismos y
empresas públicas que podrían ser privatizadas.
El
derrotero en tribunales no fue fácil. La magistrada María Elsa
Uzal, a cargo del Juzgado Comercial Nro. 26, exigió avales por
100.000 pesos para habilitar la procedencia de una medida cautelar,
que se cumplió con la garantía que ofreció el actor y diputado
radical Luis Brandoni, que entregó su casa como respaldo para
obtener un aval del Banco Ciudad. Así consiguió interrumpirse el
proceso privatizador.
Con
ese espaldarazo, los trabajadores, conducidos por una comisión
interna integrada por Jorge “Batata” Rodríguez, Eduardo Bernal,
Hugo Fazio y Francisco Ali Brocuhoud, se fortalecieron en la
resistencia.
El canal volvió a
ser objeto de una avanzada privatista en 1998, sobre el final del
gobierno de Menem (1).
Se repitió el movimiento durante el gobierno de la Alianza
UCR-FREPASO, en 2000, pero aquel intento se frustró, en buena
medida, por un acto de resistencia en el que los trabajadores del
Noticiero tuvieron un rol preponderante defendiendo los puestos de
trabajo, los salarios y el archivo fílmico de la emisora.
Canal 7 continúa
siendo un medio público.
1
Uno de los obstáculos que tuvo aquel intento fue una disputa con
Uruguay que también reclamaba como propia la frecuencia de la onda
4 VHF banda baja, a donde se pretendía trasladar una señal pública
luego de la venta de ATC.
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